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Asamblea priorizó análisis del veto a Ley de Apoyo Humanitario y reformas al Código de Entidades de Seguridad

En la semana del 15 al 19 de junio, la Asamblea priorizó el análisis del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que contiene medidas de alivio económico para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19, la aprobación en seguno debate de las reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y del Estado (Coescop), por el cual se elimina el Libro Tercero, relacionado con el Servicio de Protección Pública; y, el inicio de la segunda discusión, de las reformas a la Ley de Minería.

En la semana del 15 al 19 de junio, la Asamblea priorizó el análisis del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que contiene medidas de alivio económico para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19, la aprobación en seguno debate de las reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y del Estado (Coescop), por el cual se elimina el Libro Tercero, relacionado con el Servicio de Protección Pública; y, el inicio de la segunda discusión, de las reformas a la Ley de Minería.

Apoyo Humanitario

En efecto, en la sesión 672, el Pleno resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. De las 32 observaciones, los legisladores, con 69 votos, se allanaron en 22; y, con  el apoyo de 116 voluntades se ratificaron en 10. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, subrayó que hubo un debate con seriedad, responsabilidad y sin cálculos políticos. Mientras que el titular del Parlamento, César Litardo Caicedo, manifestó que el país necesitaba una ley que apoye su desarrollo. En las próximas horas esta Ley irá al Registro Oficial.

Derogatoria

Durante la sesión 671, con 87 votos, la Asamblea aprobó, en segundo debate, la derogatoria del Libro Tercero del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y del Estado (Coescop), sobre la base del informe de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, por cuanto su vigencia contraría expresas disposiciones constitucionales. Según el organismo, la protección y seguridad del Primer Mandatario y de altos funcionarios que por sus funciones y responsabilidad requieren de un servicio especializado de protección, profesional, técnico, este debería ser competencia de los equipos especiales de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Reforma minera

En la misma jornada, los legisladores iniciaron el segundo debate de las reformas a la Ley de Minería para eliminar el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del artículo 40 de la normativa, para que todos los procesos de subasta pública de concesiones mineras se realicen bajo un mismo trato y las empresas ofertantes compitan en las mismas condiciones. El informe fue preparado por la Comisión de Régimen Económico.

Trabajo en comisiones

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated; y, Carlos Luis Tamayo, director General, en la Comisión que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los Jubilados, informaron sobre el pago de la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento; y, de la desvinculación de los extrabajadores del IESS “GRUPO 35”, por supresión de partidas entre los años1999 y 2002.

La Comisión de Fiscalización, dirigida por su vicepresidente, Eliseo Azuero, continuó con la investigación de la adquisición de 7000 kits de ayuda humanitaria, a cargo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (SNGRE). Para tal efecto, se resolvió citar a Carlos Muñiz, administrador del referido contrato. También deberán comparecer Mauricio Carvajal y César Egas, autoridades de la entidad, acogiendo la solicitud formulada por el legislador Fausto Terán.

De su lado, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por   Fernando Flores, recibió al embajador del Gobierno de España, Carlos Abella y de Arístegui, para tratar el Convenio entre Ecuador y España, en materia de Cooperación Policial para la Seguridad y Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y, el tratado entre los dos países para Asistencia Judicial en Materia Penal.                                    

Mientras, la Comisión de Participación Ciudadana, con ocho votos, creó una subcomisión, conformada por Ramón Terán, Gloria Astudillo y Pabel Muñoz, a fin de que informen y sugieran a la mesa el número total de empresas públicas en liquidación y extinción; destino final de las empresas luego del proceso; existencia o no de informes técnicos como exige el marco legal; número de empleados desvinculados y análisis de la situación legal.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Lenin Plaza Castillo, justificó la actuación de la Policía en los desalojos de familias campesinas de la Asociación de Producción Agropecuaria “Parroquia Eloy Alfaro” y “Río Mar”, Guayas, en cumplimiento de la orden expedida por la Intendencia. Así mismo, la mesa conoció la propuesta de cronograma para el trámite del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agrario Sustentable, el cual podría estar listo para someterlo a primer debate en entre octubre o noviembre del presente año.

En el marco del análisis de los proyectos de Modernización a la Ley de Compañías y Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico recibieron, en comisión general, a académicos y representantes de la sociedad civil.

La propuesta de ley en materia anticontrabando contó con nuevos aportes de actores sociales. La Comisión de Justicia receptó los comentarios de la Unión de Productores de Huevos, de la Corporación Nacional de Avicultores y de la Asociación de Porcicultores, quienes expresaron que el ingreso ilegal de productos desde Colombia y Perú es intenso y pone en grave riesgo a la industria nacional e inclusive la salud de la población.

En la Comisión de Derechos Colectivos, Dany Díaz, del Frente Cívico del cantón La Maná, Cotopaxi, denunció que mediante Acuerdo Ministerial se eliminó el Distrito de Salud del sector, convirtiéndolo en una oficina técnica que dependerá del Distrito Saquisilí, en perjuicio de 60 mil habitantes. Por ello, solicitó a los comisionados convocar al Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que explique esta decisión.  

Los despidos intempestivos, la reducción de la jornada laboral, el teletrabajo, la supresión de puestos y el caso de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO), fueron temas tratados en la comisión de los Trabajadores, sesión a la que comparecieron el ministro de Trabajo, Luis Poveda, y el viceministro, Edwin Sánchez.

Igualmente, la Comisión del Derecho a la Salud escuchó la problemática por la falta de pago de las remuneraciones de los médicos posgradistas becados (desembolso de beca), situación que cada día se vuelve más crítica. Al respeto, la mesa oficiará a varias autoridades para que expliquen las soluciones para paliar la crisis que atraviesa el sector.

Con la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Finanzas, Defensa, y padres de familia, la Comisión de Educación, en un segundo taller, profundizó el análisis de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por la cual las unidades educativas militares volverían a ser regentadas por Fuerzas Armadas, en condición de fiscomisionales. Así mismo, ante las preocupaciones ciudadanas sobre normativas ejecutadas dentro de la pandemia, recibió los criterios de Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES) sobre las medidas adoptadas por las Instituciones de Educación Superior, para retomar las actividades académicas.

La fiscalización emprendida por la Comisión de Biodiversidad por la erosión en el sector de San Rafael, que provocó la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), el 7 de abril, que también rompió el poliducto Shusufindi-Quito, tuvo respuesta positiva de parte de las autoridades.

De otro lado, el organismo desarrolló la mesa de análisis en materia de turismo y ambiente con la participación de 70 ciudadanos de los sectores cultural, turístico, artesanal, ambientalista, guías naturalistas, residentes y alcaldías de la Región Insular, en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos. En otra cita de trabajo, Grace Unda, en representación del sector pesquero, solicitó se amplíe hasta agosto el plazo para entregar una propuesta consensuada en torno a esta normativa.

La Comisión de Régimen Económico, luego de conocer la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que contiene 16 observaciones, resolvió reunirse el sábado, 20 de junio, para votar el informe no vinculante que será puesto a conocimiento del Pleno.

Grupos Parlamentarios

El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, inició el ciclo de conferencias virtuales “Niñez Primero en Ecuador”. Esta iniciativa contó con el apoyo de World Vision, la Universidad Indoamérica, Movimiento Social por la Defensa y Derechos de Niños y Adolescentes del Ecuador, así como el Colectivo Tejiendo Infancia de México.

El Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, entre las diferentes comparecencias respecto a los decretos de extinción de empresas públicas y desvinculaciones, recibió al ministro de Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, quien subrayó que estos procesos se derivan del Covid-19, De igual manera, la Empresa Pública Siembra EP alcanzó la adhesión de este Grupo, para evitar su traspaso a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Subcomisión

La Subcomisión de Fiscalización que investiga el contrato para la construcción del hospital de Pedernales, presidida por Jimmy Candell Soto, recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Gabriel Martínez, quien anunció que se dará por terminado unilateralmente este contrato. Igualmente, requirió información de la Contraloría, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), respecto de este caso, a fin de avanzar en el análisis de la documentación para la redacción del correspondiente informe.

EG/cz