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Asamblea Nacional aprobó tratado con Reino Unido que abre nuevos espacios comerciales

Dos importantes actos marcaron la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional, en la semana del 06 de julio al 10 de julio; el uno en favor del sector productivo con la aprobación del Acuerdo con el Reino Unido, que favorece al flujo comercial con este grupo de países, a donde el 95 % de la producción nacional de exportación ingresará con cero arancel.

En otro orden, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió aceptar la renuncia al cargo de vicepresidente, presentada por Otto Sonnenholzner. El segundo mandatario informó de su decisión al presidente Lenín Moreno y al país, mediante cadena nacional, el pasado martes 7 de julio de 2020.

Así mismo, recibió la terna remitida por el Ejecutivo que la conforman María Paula Romo, ministra de Gobierno; Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete y María Alejandra Muñoz, secretaria del Servicio de Aduanas. El Parlamento tendrá que pronunciarse sobre la designación del nuevo vicepresidente, en los plazos establecidos por la Constitución.

Pleno de la Asamblea Nacional

En la continuación de la sesión plenaria 674, los asambleístas tramitaron en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. La norma busca garantizar la calidad del agua, reconocer a los gestores de los ecosistemas de los páramos, así como respeto de las prácticas ancestrales. También sobre el régimen sancionatorio y los valores de las multas aplicables para cada caso.

En segundo debate, se aprobó, con 130 votos afirmativos, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social que busca transparentar y ampliar, la información personal de los afiliados, específicamente, en relación a sus aportes. Con la ley, cada afiliado, podrá conocer el monto acumulado con el cual ha contribuido a la Seguridad Social; de forma clara, pormenorizada, acumulada y actualizada.

Entre tanto, en la sesión 675, el Pleno avanzó en el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, referente a la base del cálculo de pensiones jubilares. El informe fue elaborado por la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social. Esta propuesta busca establecer de manera definitiva, mediante Ley, una fórmula para el cálculo de las pensiones jubilares. La norma plantea un método aritmético para establecer un promedio de tales ingresos. Igual procedimiento se utilizará para los seguros de invalidez y muerte.

Tratamiento a vetos

Dos vetos del Ejecutivo fueron recibidos por el Parlamento ecuatoriano. Se trata de la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, misma que se procesó en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Los comisionados analizaron las 13 objeciones recibidas.

El otro veto que procesó la legislatura fue al proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados; tratada en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Sobre este proyecto de ley el Ejecutivo planteó 21 observaciones. La norma tiene por objetivo regular, promover, incentivar y estimular las diferentes fases de la producción de esta especie vegetal.

Fiscalización y control político

En el ámbito de la fiscalización, los exgerentes de Petroecuador; de Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); de los Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento (CEAR); de Correos del Ecuador y Casa para Todos, quienes afirmaron desconocer los supuestos aportes a la campaña por el Sí en la Consulta Popular y Referéndum de 2018.

La referida información consta en las denuncias del medio digital La Posta y en el pedido de investigación formulado por el asambleísta Marcelo Simbaña. Los exfuncionarios fueron recibidos en la Comisión de Fiscalización a fin de contribuir con la investigación que lleva esta mesa parlamentaria.

En otro ámbito, la Comisión de Biodiversidad resolvió, con 10 votos afirmativos, citar al ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien deberá aclarar la denuncia formulada por representantes de Organizaciones No Gubernamentales de habitantes de la zona costera, sobre la supresión de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ecuador, siendo que esta dependencia es la encargada de la gestión y coordinación de actividades de preservación de las áreas costeras protegidas.

Por su parte, la Comisión del Derecho a la Salud decidió hacer seguimiento a las denuncias públicas sobre los carnés de discapacidad; de las farmacéuticas en el proceso de subasta pública de compra de medicamentos; de la situación de las personas con cáncer y del gremio de los odontólogos frente a la pandemia. Para ello, solicitaron la comparecencia del Ministro de Salud y la titular del Servicio de Aduanas.

Como preocupante situación de los Gobiernos Autónomos (GAD) provinciales, señalaron los legisladores de la Comisión de GAD, al recibir a representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), a los prefectos de Cotopaxi, Sucumbíos, Pichincha y Manabí. En la cita se conoció sobre la situación de las prefecturas por el incumplimiento en las transferencias económicas por parte del Gobierno Central. Señalaron que la deuda sobrepasa los mil millones de dólares y ha comprometido la ejecución programas y proyectos.

Sobre la aplicación del Dióxido de Cloro en el ámbito de la salud, la Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a expertos médicos e investigadores; al director de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Mauro Falconí, así como testimonios de pacientes Covid-19, quienes se recuperaron con la aplicación de esta solución.

Legislación

Solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) una nueva ampliación de plazo, para desarrollar un cuarto proceso de socialización con 11 nuevas mesas temáticas que permitan recoger observaciones de los sectores vinculados y así poder elaborar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, fue el análisis que marcó la agenda de trabajo de la Comisión de Biodiversidad.

Por su parte, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe de amnistía en favor de 20 dirigentes de la comunidad San Pedro de Cañar, inmersos en el caso de aplicación de justicia indígena. El documento fue remitido para la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.

En otro orden, la Comisión de Régimen Económico analizó el proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, que se orienta a la devolución de recursos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las entidades y organismos del sector público descentralizado y a las universidades y escuelas politécnicas del país. También tramitó las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tras unificar ocho proyectos de iniciativa legislativa.

Entre tanto el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, junto con las fundaciones Victoria Animal y Vida Animal, continuó con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (LOSA), previo a la elaboración del informe para primer debate.

Derechos laborales también fue parte de la agenda legislativa. Para ello se conocieron la situación de ex trabajadores de la Concentración Deportiva de Pichincha y la empresa Alfadomus en la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social. Así mismo, recibieron aportes a la Ley de Contabilidad y sobre la Administración de Fondos Complementarios.

Enmiendas a la Constitución

La Comisión Ocasional de Enmiendas prosiguió con el tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el Comité por la Institucionalidad Democrática, por ello recibieron al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz y a los vocales del organismo, quienes defendieron la institucionalidad del Cpccs como un ente que potencia la participación ciudadana y controla la corrupción. Su eliminación advierte de un retroceso democrático afirmaron los comparecientes.

EA/cz